Rusia ha recalcado este jueves que los 775 instructores rusos desplegados en República Centroafricana (RCA) no son mercenarios, después de que expertos de Naciones Unidas expresaran el miércoles su preocupación por el aumento de las contrataciones de mercenarios y fuerzas de seguridad privadas extranjeras por parte del Gobierno del país africano.

La Asociación de Oficiales por la Seguridad Internacional, una organización privada que ofrece capacitación militar a diversos ejércitos, entre ellos el de RCA, ha subrayado que “no hay mercenarios rusos en RCA”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

“Según el permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibido por Rusia, en RCA hay 475 instructores”, ha dicho, antes de agregar que “300 instructores adicionales llegaron a RCA a finales de diciembre de 2020 a petición del presidente (Faustin-Archange)Touadéra”.

La petición fue formulada por el mandatario ante la ofensiva lanzada por los grupos rebeldes integrados en la Coalición Patriotas por el Cambio (CPC) antes de las presidenciales de ese mismo mes, en las que obtuvo un segundo mandato, en medio de denuncias de la oposición por la violencia y las irregularidades.

Por ello, la Asociación de Oficiales por la Seguridad Internacional ha pedido a los expertos de la ONU que no usen la palabra “mercenario” para referirse a los instructores y ha dicho que esta denominación “es incorrecta y poco es incorrecta y poco ética”.

“No tiene nada que ver con los instructores civiles de Rusia que se encuentran en RCA en una misión oficial”, ha argumentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que estos instructores no participan en los enfrentamientos en el marco de la contraofensiva del Ejército contra la CPC.

El organismo ha reclamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la “creación de una comisión conjunta y la entraga a esta comisión de los datos que sirvieron de base para la declaración de expertos independientes de la ONU que denigran las actividades de las Fuerzas Armadas de RCA y sus aliados”.

En concreto, las sospechas están dirigidas hacia tres grupos de seguridad privada de capital ruso, Sewa Security Services, Lobaye Invest Sarlu, y Wagner Group, quienes estarían relacionados con una serie de ataques violentos ocurridos desde las elecciones presidenciales del 27 de diciembre de 2020.